Por otro hecho ocurrido en Tolima, fue judicializado un hombre que habría atacado con un arma blanca a un canino.

Fiscales del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) obtuvieron condena y realizaron una imputación, en contra de dos hombres que estarían involucrados en graves agresiones a perros en Bogotá y Guamo (Tolima).

Condena por agresión a ‘Sahory’

La contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación fue determinante para que un juez de conocimiento condenara a Andrés Fernando Concha Cantor por la agresión cometida contra su animal de compañía, una canina llamada ‘Sahory’.

El 15 de diciembre de 2019, en una zona común de un conjunto residencial de Bogotá, Concha Cantor arrojó al animal contra el piso y lo arrastró con la correa causándole una grave fractura en el fémur. ‘Sahory’ fue trasladada a un centro veterinario e intervenida quirúrgicamente.

El agresor fue sentenciado a 12 meses de prisión por el delito de maltrato animal e inhabilitado para la tenencia de animales por el mismo tiempo.

Agresión a ‘Goccy’

El pasado 23 de marzo, en la vereda Samán, en el Guamo (Tolima), Helmer Nicolás Murillo Quimbay habría atacado con un arma blanca a un perro llamado Goccy.

De acuerdo con la investigación, el hombre caminaba con un ganado, cuando el animal supuestamente les ladró. En ese momento, al parecer, sacó un elemento cortopunzante y le causó una herida al canino en el lomo. ‘Goccy’ fue sometido a una operación para salvarle la vida. Por su parte, Murillo Quimbay fue imputado por el delito de maltrato animal agravado, cargo que no fue aceptado.

AMCJ/JARG/JMT/GELMA/

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.