Pie La Fiscalía Seccional Casanare logró la captura y judicialización de un hombre y una mujer en operativos aislados en Maní y Yopal (Casanare), respectivamente, adelantados por el CTI de la Fiscalía en coordinación con el Ejército.
Se trata de Jesús Antonio Morales Betancourt alias Palito, quien tenía una orden de captura en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir y tráfico, fabricación y porte armas.
El hombre, quien, al parecer, pertenece al Clan del Golfo, desde el pasado 1 de enero hasta la fecha sería el encargado de actividades de microtráfico e inteligencia, con el fin de realizar cobros producto de extorsión a comerciantes, ganaderos y agricultores del municipio de Maní, Aguazul, Villanueva, Monterrey y Yopal en Casanare. Al momento de su captura se le halló una pistola, una granada de fragmentación, celulares y una moto.
En otra diligencia, fue capturada el pasado 5 de octubre en Yopal, Zuleidy Pabón alias Carlitos, quien también sería integrante del Clan del Golfo que delinque en los municipios de Maní, Tauramena, Villanueva, Monterrey, Aguazul y Yopal. Al parecer, tenía bajo su responsabilidad el control de manejo de las economías ilícitas, el microtráfico, el cobro de créditos gota a gota, la extorsión y el sicariato.
Este 6 de octubre un juez de Aguazul acogió las pretensiones de la Fiscalía legalizó su captura y dictó medida de aseguramiento carcelaria. No aceptó los cargos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado que le imputó la Fiscalía.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
