La contundencia de la argumentación presentada por un fiscal especializado de la Seccional Quindío permitió que un juez de control de garantías de Armenia enviara a prisión a nueve presuntos integrantes de la organización Argentina quienes, al parecer, se dedicarían a la venta de estupefacientes.
Se trata de: Alexis Sayas Zapata, alias Sayas; Alejandro Rengifo Borja, alias Flaco; Alejandro Agudelo Posada, alias Orejas; Jhon Hebert Parra Torres, alias Cangrejo; José Hernán Alzate Rodríguez, alias Mono; Kevin Stiven Cobo Bonilla, alias Cobo; Fabio Mahecha Montoya, alias Calvo; Juan Felipe Ramos Parra, alias Pipe, y Duván Andrés Pantoja Quintero, alias Pollo.
Según la investigación estas personas vendrían, desde septiembre de 2021, comercializando marihuana y cocaína en pequeñas cantidades. Esta actividad sería realizada en vía pública vendiendo de manera indiscriminada a peatones y personas que se movilizaban en bicicletas, motos o vehículos.
Esta red delincuencial, se determinó, contaba con roles definidos para cada uno de sus integrantes lo cual les permitía desarrollar la actividad criminal en tres puntos de la Avenida Centenario, en el barrio Buenos Aires de la ciudad de Armenia; incluyendo un lugar aledaño a un plantel educativo; lo cual se habría documentado en, por lo menos, 63 oportunidades.
La contundencia del material probatorio aportado hizo que los procesados aceptaran los cargos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y concierto para delinquir agravado que les imputó el ente acusador.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
CLCG/MAGA/MRLO/DSR
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
