La contundencia del material de prueba recaudado por un fiscal de la Seccional Boyacá permitió que el Juzgado Promiscuo del Cocuy Boyacá condenara a Javier Mauricio Olivares Ramírez y a Norena Paola Galvis Roballo a penas de 12 y 4 años de presión, respectivamente.

El implicado fue encontrado responsable de los delitos de acceso carnal violento, secuestro y lesiones personales; lo propio sucedió con Norena Paola Galvis Roballo; por secuestro simple.

Los hechos investigados se presentaron en julio de 2017 en el municipio de El Cocuy (Boyacá). Según se logró determinar, el condenado interceptó a la víctima cuando ésta se dirigía a su vivienda.

El hombre; en compañía de Galvis Roballo, con quien sostiene una relación sentimental, llevaron a su casa a la joven. Allí la amarraron y golpearon en repetidas oportunidades.

En el curso de la investigación se logró determinar que en un momento en que la procesada dejo el recinto donde mantenían a la menor, el agresor abusó sexualmente de la víctima.

Horas más tardes la menor fue dejada en libertad con la advertencia de no hablar sobre lo sucedido. A pesar de la amenaza, la joven le contó todo a su padre quien denunció el hecho.

La evidencia recaudada permitió que un fiscal de la Seccional Boyacá acusara a los procesados quienes fueron encontrados responsables de los delitos imputados por el representante del ente investigador.

En la sentencia el juez impartió orden de captura contra Olivares Ramírez para sea capturado y cumpla la pena impuesta; y negó cualquier tipo de subrogado penal. Por su parte, Galvis Roballo, esposa del implicado, se le concedió el beneficio de ejecución condicional de la pena para garantizar los derechos de sus hijos.

Esta decisión judicial fue objeto de apelación por los procesados.

La Fiscalía habla con resultados

MRB/MAGA/MC

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.