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Fiscalía logró condenas contra dos hombres por el delito de hurto calificado y agravado.

La Fiscalía en la Seccional Guainía – Vaupés, logró que dos hombres fueran condenados como responsables del delito de hurto calificado y agravado, por hechos ocurridos en año inmediatamente anterior.

Se trata de César Augusto Rojas Rodríguez, quien hurtó el 27 de agosto del 2022 de una bodega de la empresa de servicios públicos en Vaupés, una motosierra avaluada en más de 3 millones de pesos.

Ante la contundencia de las pruebas presentadas por el ente acusador, Rojas Rodríguez aceptó su responsabilidad en la comisión de un hurto calificado y agravado, permitiendo así, acelerar el proceso de la condena, la cual quedó en 4 años y seis meses de prisión sin ningún tipo de subrogados por parte de señor juez.

Por otro lado, Kristian Fernando Yuavi Yavinape, fue capturado por orden judicial para cumplir una condena que estaba vigente en su contra, por el delito de hurto calificado.

Los hechos que dieron origen a la investigación y posterior condena, sucedieron el 5 de agosto del 2022, cuando Yuani Yavinape fue sorprendido por una patrulla de la Policía Nacional llevando consigo un televisor y al ser requerido por los uniformados, el capturado no supo decir cómo lo había adquirido. La víctima de robo, alertó a los policiales de que ese televisor era de él y que se lo habían hurtado momentos antes.

Por solicitud del ente acusador, un juez lo condenó a la pena principal de 3 años de cárcel, medida que quedó en firme.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

 

 

LAZL/FAGH/LFRR/DSGV/

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004. 

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