El material probatorio recaudado por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción permitió que un juez condenara a siete años de prisión a Javier Eduardo Angulo Romero, responsables del delito de falsedad ideológica en documento privado. El condenado deberá afrontar una inhabilidad para ejercer funciones públicas por 84 meses. Esta información se publica por razones de interés general.
Según la investigación, Angulo Romero le pagó 2 millones de pesos a un funcionario de una notaría para que alterara la fecha de una escritura pública y permitiera que en dicho documento se incorporaran firmas y huellas digitales de dos abogados. Tramite éste que además se cumplió fuera del término legal establecido.
Este aval les permitió a las dos personas comercializar un par de terrenos de propiedad de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (Corelca) con los cuales, por orden judicial, debían ser indemnizadas 63 familias que varios años cedieron parte de sus tierras para la instalación de torres de energía u otro tipo de servidumbres en favor de la empresa.
Labores de policía judicial evidenciaron cómo los abogados, que aparecían como dueños de los dos predios; uno de 20 hectáreas, ubicado en el sector de Mamonal (Cartagena); y otro de 13 hectáreas en la isla Coco, vendieron dichos terrenos a precios muy por debajo de su valor comercial real.
Según se logró establecer, el costo de los referidos terrenos era de 30 mil millones de pesos, pero fueron comercializados en 14 mil millones de pesos, generando un claro detrimento patrimonial.
La Fiscalía adelanta investigaciones para determinar si en desarrollo de este ilícito habría participado un exgerente de Corelca. Indagaciones preliminares señalan que esta persona, al parecer, fue quien ubicó a los abogados y diseñó la estrategia para la adquisición de los predios que, posteriormente, habría adquirido por los referidos 14 mil millones de pesos.
La Fiscalía habla con resultados.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.