La Fiscalía General de la Nación logró que un juez penal del circuito de Medellín condenara a Gustavo Antonio Velásquez Naranjo, alias Chupeta, a 38 años y 4 meses de prisión; además de imponérsele la obligación de cancelar una multa de 11.467 SMMLV.
La decisión fue adoptada luego de que el procesado aceptara su responsabilidad en los delitos de secuestro extorsivo agravado, secuestro simple, tentativa de homicidio y hurto calificado y agravado.
Los hechos investigados se registraron el 26 de julio de 2020 cuando Velásquez Naranjo y otros hombres llegaron a una finca de la vereda La Clara del municipio de Caldas (Antioquia).
En el lugar estas personas intimidaron con armas de fuego a la familia y se apoderaron de joyas, relojes de alta gama y dinero en efectivo avaluados en 40 millones de pesos.
En desarrollo de esos hechos fue secuestrado un menor de 17 años, quien fue retenido durante siete horas. Por la liberación del adolescente los plagiarios exigían el pago de una cuantiosa suma. Según consta en el proceso, los delincuentes intentaron asesinar al joven ante la presión de las autoridades para frustrar el plagio. Finalmente, la víctima logró escaparse.
Velásquez fue capturado por la Policía Nacional en abril de 2021, durante labores de patrullaje. Según las autoridades al momento de la requisa el procesado manifestó ser extranjero y no tener identificación, al parecer, para evitar entregar su cédula de ciudadanía.
A pesar de esto los uniformados establecieron que el hombre era oriundo de Ituango (Antioquia).
NAMT/MAGA/SMD/DSM.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
