El capturado, que haría parte del Clan del Golfo, también estaría encargado de cobrar extorsiones a comerciantes de la zona.
Una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (Decoc) judicializó a José Norberto Muñoz, alias Barbas, posible integrante de la subestructura Gonzalo Oquendo Urrego del Clan del Golfo que delinque en Meta, Casanare y Vichada, y de haber participado en la comisión de múltiples delitos como secuestro, desaparición forzada, y extorsión, entre otros.
Labores de policía judicial evidenciaron que alias Barbas controlaría los corredores por los que la red narcotraficante moviliza estupefacientes desde Casanare hacia Meta. También sería el encargado de vigilar los movimientos de la Fuerza Pública y de grupos ilegales rivales.
El procesado tendría entre sus funciones el cobro de extorsiones a transportadores que movilizaban mercancía hacia Guaviare. Además, se le atribuye el acopio de armas de fuego.
‘Barbas’ habría participado en el secuestro y desaparición de dos hombres, en abril de 2023. El día del crimen las víctimas se movilizaban por una vía de Puerto Gaitán (Meta) cuando fueron abordados por personas armadas que se los llevaron sin rumbo conocido. La Fiscalía investiga si el capturado está implicado en el posterior homicidio de las víctimas.
Por estos hechos, alias Barbas fue imputado con los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro, extorsión y desaparición forzada. Por petición del ente acusador, Muñoz fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
JMSV/MAGA/EASL/DECOC/MRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
