La Fiscalía General de la Nación logró en el primer semestre del presente año una decena de sentencias condenatorias que están entre los 33 y los 8 años de prisión para 11 responsables de homicidios y tentativas de homicidio en Cali (Valle del Cauca).

Jueces penales del circuito avalaron el material probatorio de fiscales adscritos a la Unidad de Vida de la Seccional Cali y profirieron sentencias condenatorias, privativas de la libertad contra 11 personas.

Son 7 los casos de víctimas mortales que involucran a 8 condenados, entre ellos el de una mujer de 82 años. Por tres tentativas de homicidio fueron sentenciados otros tres responsables. Los casos ocurrieron entre los años 2016 y 2023 en la capital vallecaucana.

Para la comisión de dichos ilícitos, los hoy responsables utilizaron, en cinco de los casos, armas cortopunzantes; en cuatro de ellos armas de fuego y un caso por asfixia.

Los sentenciados por homicidios son: Angelo Eduardo Hortúa Lozano, Dorian Alonso Restrepo Fernández, Kevin David Cuero García, Johan David López Rodríguez, Francisco López Rodríguez, Jhon Anderson Noguera Maturana, Juan David Rivera Alvear y Alejandrino Osorio García.

Por tentativa de homicidio fueron condenados Miguel Ángel Idrobo Guzmán, Arvey Córdoba Criollo y Samuel Yireth Quintero Herrera.

Los diferentes juzgadores decidieron que cada uno de los implicados debe purgar la sentencia condenatoria en centros penitenciarios.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

 

 

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.