La organización ilegal habría contado con la colaboración de servidores de la Dian, la Polfa y policía de Tránsito y Transporte.
Durante la investigación se logró determinar la ocurrencia de 11 eventos, logrando materializar 6. En estas acciones participaron la Policía y la Armada Nacional.
Los argumentos expuestos por la Fiscalía General de la Nación permitieron que una juez penal de circuito de Barranquilla (Atlántico) revocara una decisión del 10 de diciembre de 2024 que, en primera instancia, se abstuvo de imponer medida de aseguramiento a 17 presuntos integrantes de un grupo delincuencia responsable de ingresar mercancía de contrabando al país, en sumas superiores a los 5.600 millones de pesos.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales evidenció que los procesados, al parecer, participaron en once eventos delictivos en los que habrían logrado ingresar a territorio nacional millonarios cargamentos de cigarrillos, electrodomésticos, licores y cosméticos provenientes de Venezuela, omitiendo el cumplimiento de los requisitos de ley.
La organización ilegal contaba con roles como financiadores, coordinadores, dinamizadores, bodegueros, transportistas, encargados de logística y escoltas. Además, con el propósito de concretar el entramado de corrupción, habría ubicado funcionarios de la Dian, la Polfa, la Policía de Tránsito y Transporte, entre otros.
Así delinquía la red de contrabando
Según la investigación, los procesados se habrían concertado para evadir los controles aduaneros propuestos por la ley. En tal sentido, prestaban asesorías para lograr la recuperación de mercancía incautada o aprehendida para lo cual, se cree, utilizaron documentos alterados.
Además, brindaban orientación sobre las cantidades que debían ingresar, procurando que en caso de requerimientos estos fueran administrativos y no penales.
El material probatorio determinó que la red ilegal contaba con vehículos de carga y buses de servicio público que alistaban en parqueaderos clandestinos y bodegas donde almacenaban la mercancía de contrabando, para luego movilizarla por la troncal Caribe hacia destinos como Barranquilla (Atlántico) y Medellín (Antioquia).
Por estos hechos, los procesados fueron imputados, según sus presuntas responsabilidades individuales, por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, cohecho propio, favorecimiento del contrabando y tráfico de influencias.
Medidas de aseguramiento
Por decisión judicial Orlando Yesid Roa Criado, Robinson de Jesús García Quintero y Jorge Isaac Arroyo Monsalve, fueron afectados con medida de aseguramiento en centro de reclusión. Contra estas personas se libró órdenes de captura para cumplir la determinación.
Con medidas de aseguramiento no privativas de la libertad fueron afectados Gabriel Humberto Berrio Villegas, Orlando Vicente Cotes Guerrero, Jonhatan Duarte Carrascal, Marlon Quiroz Beleño, Wilson Mena Palacios, Jhon Fredys De La Rans Caro, Carlos Alberto Pérez Martínez, José Rafael Pérez Celedón, Salim Eliecer Ríos Rodríguez, Jhon Jairo Juliao De La Hoz, Nelson Valencia Palmera, Julio Alberto Medrano Morales y Luis Armando Arias Vargas.
Finalmente, Emiro Rafael Tirado Ortiz podrá afrontar el proceso judicial en libertad.
MAGA/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.