Felipe García Orrego, autor de las intimidaciones, se excusó públicamente con la víctima manifestando su arrepentimiento.

La labor investigativa de la Fiscalía General de la Nación fue determinante para que Felipe García Orrego aceptara haber amenazado de muerte al caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como ‘Matador’, en hechos ocurridos los días 3, 4, 5 y 9 de junio de 2022.

Este hombre, a través de una red social, dirigió mensajes intimidatorios en contra de ‘Matador’, los cuales generaron temor por una posible afectación a su integridad física, y a la de su familia.

Las actividades desplegadas por el Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos permitieron establecer que García Orrego era el autor de las agresiones y utilizó un perfil personal para divulgarlas. En ese sentido, fue imputado por el delito de amenazas, en diligencia realizada el 2 de octubre de 2023.

En su momento el procesado no aceptó el cargo; sin embargo, días después manifestó la voluntad de reconocer su responsabilidad y asumir las consecuencias de sus actos. Luego de suscribir un principio de oportunidad, se excusó con la víctima públicamente reafirmando su arrepentimiento y se comprometía a no repetir ese tipo de comportamientos que ocasionan miedo y zozobra a la ciudadanía.

El caricaturista aceptó el resarcimiento. A su tiempo, un juez de control de control de garantías avaló la negociación judicial y permitió que cesara la acción penal en beneficio de Felipe García Orrego.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

LAGP/JARG/HTP/DECVDH/MRC.

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.