Fiscales adscritos a la seccional Bolívar, solicitaron a jueces de control de garantía en distintos procesos, medidas de aseguramiento intramural contra dos hombres que presuntamente agredieron físicamente a sus madres.
La primera investigación ocurrió el 15 de enero pasado, en el barrio Bellavista del municipio de María La Baja (Bolívar), donde Cesar Manuel Contreras Marimón, de 31 años, al parecer, agredió verbalmente a su mamá porque ésta no le guardó comida.
De acuerdo con lo establecido, el procesado, quien supuestamente se encontraba en estado de alicoramiento habría gritado con palabras soeces a la señora de 63 años y la habría amenazado con incendiar la casa, cuestión ésta que le subió la presión arterial y debió ser socorrida en un centro médico.
Los gritos de auxilio de la mujer fueron escuchados por los vecinos que informaron a la Policía Nacional, quienes hicieron presencia en el lugar y capturaron en flagrancia al presunto agresor.
Un segundo caso involucra a Ricardo José Vega González, de 24 años, quien el 16 de enero último, en un apartamento del barrio Los Alpes de Cartagena, al parecer, golpeó a su progenitora e intentó ahorcarla porque ella guardó un reloj fino de esposo que le encontró en su habitación.
La señora de 56 años fue auxiliada por otro hijo que llegó en esos momentos a la residencia, quien además llamó a la Policía buscando ayuda. Hasta ese sitio llegaron los uniformados y capturaron en flagrancia al supuesto implicado.
Durante las audiencias concentradas, ninguno de los procesados aceptó sus responsabilidades en el delito de violencia intrafamiliar agravada, imputados por la Fiscalía.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
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MEVA/MG/GM/JG/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
