La Fiscalía General de la Nación Seccional Caldas, a través de preacuerdo, logró que Divier Rodolfo Duque Ramírez aceptara cargos tras una investigación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) donde se evidencia como presunto cabecilla de la organización delincuencial La China dedicada a la fabricación y distribución de licor adulterado.

Los delitos imputados fueron concierto para delinquir, ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, por los que podría pagar 42 meses de prisión.

Duque Ramírez, es investigado por los mismos hechos por los que capturaron a 19 personas más, en octubre pasado durante la Operación La China, en donde se les acusó de fabricar y distribuir en bares, discotecas estanquillos y panaderías de Manizales licor adulterado y vender cigarrillos de contrabando.

Los elementos materiales probatorios recaudados como audios de las interceptaciones, las que se venían haciendo desde hace dos años, lograron evidenciar el actuar delictivo del indiciado, quien presuntamente sostenía conversaciones con diferentes personas de la organización con las que pactaba la entrega de licor o la compra del mismo.

También se pudo establecer los negocios que tenía a su nombre en Manizales. Durante los operativos la Fiscalía ocupó 19 bienes en Manizales (Caldas) y Medellín (Antioquia), debido a que habrían sido puestos al servicio de la organización ilegal para acopiar cigarrillos de contrabando y vender licor adulterado.

El juez de control de garantías le otorgó detención en su lugar de residencia aunque la Fiscalía pidió en centro de reclusión. El ente acusador apeló.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

 

 

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.