Estarían involucrados en la ejecución de diferentes maniobras para arrebatarles las propiedades a sus verdaderos dueños, y ponerlas a nombre de cabecillas y enlaces del grupo delincuencial.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales logró la judicialización de tres personas que habrían facilitado a la organización delincuencial ‘Los Costeños’ el despojo de lotes, fincas y otros bienes inmuebles en la Costa Atlántica.
Se trata del exnotario encargado de la Notaria Segunda del Círculo de Barranquilla, Augusto Osorio Berdugo; el abogado Luis Alberto Torrenegra y la tramitadora Diana Patricia Molina Barraza.
Los elementos de prueba indican que, al parecer, se articularon para obtener las escrituras públicas de predios considerados de interés para la organización ilegal, ubicados en Atlántico; alterar los datos relacionados con la tradición de las propiedades y los nombres de los dueños, para ponerlas a nombre de cabecillas o enlaces de ‘Los Costeños’.
En el curso de la investigación se acreditó que también tendrían a disposición un componente armado que se encargaba de ubicar y constreñir a los verdaderos propietarios de los inmuebles para que firmaran documentos en los que cedían la titularidad de sus bienes.
El notario, el abogado y la tramitadora fueron capturados en diligencias realizadas en Riohacha (La Guajira), Barranquilla y Puerto Colombia (Atlántico). La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, falsedad en documento público, falsedad ideológica en documento público y uso de documento falso.
Por disposición del juez de control de garantías, los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en el lugar de residencia. Esta decisión fue apelada por la Fiscalía.
JMSV/JARG/JAVC/DECOC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
