Los productos eran elaborados de manera artesanal, embalados y rotulados como si pertenecieran a reconocidas marcas, y vendidos para uso doméstico.
El trabajo investigativo liderado por la Fiscalía General de la Nación, a través del Eje Temático de Propiedad Intelectual de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, permitió ubicar un inmueble que servía como centro de acopio de mercancía falsa, en un sector comercial de Barranquilla (Atlántico).
En diligencia de registro y allanamiento realizada por funcionarios del CTI fueron incautadas 30 toneladas de insecticidas tóxicos de uso doméstico, que habrían sido elaboradas de manera fraudulenta y se pretendían vender comercialmente como artículos auténticos de reconocidas marcas del mercado.
En el lugar se encontraron tapas y envases plásticos, sellos, marquillas y otros elementos utilizados para darles apariencia legalidad a los productos.
Peritos especializados establecieron que los insecticidas fraudulentos correspondían a productos vencidos y en presentaciones no autorizadas por los propietarios de las marcas, por lo que ya no serían eficientes para el control de plagas y no existe claridad sobre sus efectos y consecuencias para las personas que los utilizan. En este sentido, no cuentan con registros ni aprobación del Ministerio de Salud.
Los cálculos preliminares dan cuenta de que la mercancía encontrada superaría en valor los 3.000 millones de pesos.
Con este hallazgo se avanza en una investigación por los delitos de usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtenedores de variedades vegetales, fraude procesal, y fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud.
JARG/JRP/HATP/DEVDH/MCRC.
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
