La Fiscalía General de la Nación logró que jueces de conocimiento, en diferentes hechos, condenaran a dos hombres responsables del delito de fabricación, tráfico o porte de arma de fuego. Asimismo, fueron judicializadas otras dos personas, quienes, al parecer, portaban armas de fuego sin el permiso correspondiente. Los hechos se registraron en diferentes lugares de Cartagena.
La primera sentencia involucró a Keiner Murillo Viana, de 25 años, quien deberá cumplir la pena de 9 años de prisión por los hechos ocurridos en el barrio Ceballos, el 13 de agosto de 2017, donde fue capturado con un arma de fuego, tras una riña con sus familiares. El juez del caso ordenó su captura para que cumpla con la condena.
La segunda decisión judicial afectó a Jhon Mario Cogollo Bossio, de 29 años, quien fue sentenciado a 4 años y 5 meses de cárcel, luego de que la Policía Nacional en medio de una requisa le encontrara un arma calibre 7.65 con un proveedor, sin permiso de salvoconducto. Los hechos sucedieron el 13 de febrero de 2022, en el corregimiento de Barú.
En otra investigación, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) logró que un juez con funciones de control de garantías impusiera medida privativa de la libertad a Reiner Eliécer Campo Bolaños, de 35 años y a Odair José Valle Atencia, de 37, quienes fueron detenidos el 7 de agosto último por la Policía Nacional, cuando se movilizaban en un carro por el barrio La Concepción.
Al momento de realizarles una requisa les habrían encontrado en su poder, un arma de fuego y 10 cartuchos calibre 9 mm sin permiso oficial de salvoconducto.
La Fiscalía habla con resultados.
MEVA/MG/RJGD/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
