Fueron acreditados 14 asesinatos ocurridos entre 2018 y 2020, en municipios de Norte de Santander y Santander.
En atención a las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal especializado de Cúcuta (Norte de Santander) condenó a tres integrantes de una red sicarial de ‘Los Rastrojos’, por su responsabilidad en una ola de homicidios selectivos ocurridos en zona de frontera con Venezuela.
Estas personas fueron sentenciadas, de acuerdo con su participación en los hechos acreditados, por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado. Las penas impuestas las deberán cumplir en establecimiento carcelario.
De acuerdo con la investigación liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, la estructura perpetró 14 asesinatos y múltiples ataques armados entre mayo de 2018 y diciembre de 2020, en Cúcuta, Chinácota, El Zulia y Los Patios, (Norte de Santander), y Floridablanca (Santander).
Estos homicidios fueron cometidos como parte de un plan criminal definido por ‘Los Rastrojos’ para apoderarse de la venta ilegal de estupefacientes y otras rentas ilícitas en la región, y silenciar a los ciudadanos que denunciaban al grupo armado ilegal o se oponían a sus propósitos ilícitos.
Los integrantes de la red sicarial condenados son:
- Yused Alexander Pulgarín Puerta, alias El Paisa o Pablo, quien recibió 25 años de prisión.
- Arbuen Winsinley Calderón Gómez, alias Wisin o El Negro, sentenciado a 23 años de prisión.
- German Alberto Nossa Riatiga, alias El Gordo, condenado a 18 años de prisión.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
CMRM/JARG/MRC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
