Los hechos que motivaron la condena ocurrieron en La Pintada (Antioquia), en julio de 2008.
Los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación en la etapa de juicio demostraron con contundencia la culpabilidad del exintegrante del grupo armado ilegal, Óscar Orlando Cardeño Suárez, alias Yeiron o Culebrero, en el crimen de un mototaxista que fue señalado también de integrar esa organización criminal.
El 16 de julio de 2008, en zona rural de La Pintada (Antioquia), alias Yeiron y otros hombres armados que pertenecían a la estructura autodenominada ‘Águilas Negras’ persiguieron a la víctima y le dispararon indiscriminadamente causándole la muerte. Posteriormente, lanzaron el cuerpo al río Cauca. El homicidio se produjo al parecer por disputas internas entre los integrantes del grupo armado.
En ese sentido, un juzgado penal del circuito de Aguadas (Caldas) condenó a Cardeño Suárez a 41 años y 8 meses de prisión por el delito de homicidio agravado. Adicionalmente, le impuso una inhabilidad de 20 años para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
La investigación que permitió obtener esta sentencia fue liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. Alias Yeiron o El Culebrero está privado de la libertad desde que se conoció el sentido de fallo condenatorio en su contra, además, está vinculado en otros procesos penales relacionados con homicidio, secuestro, desaparición forzada, extorsión, y concierto para delinquir.
La sentencia conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
Esta información se publica por razones de interés general.
LAGP/JARG/RMMV/DECVDH/MRC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
