Una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) logró con los elementos materiales probatorios, que jueces de conocimiento, en distintas investigaciones condenaran a dos hombres a la pena de 12 años de prisión por delitos sexuales con menores de edad en el departamento de Bolívar.
En un primer caso, al procesado de 62 años se le halló responsable del delito de acto sexual violento agravado en el que resultó víctima su vecina, una niña de 8 años.
Los hechos ocurrieron el 22 de marzo de 2014 en el municipio de Soplaviento, donde el sentenciado aprovechó que la menor se encontraba sola en su casa, para realizarle vejámenes sexuales mediante el uso de la fuerza y amenazas de hacerle daño a su familia.
El hombre fue sorprendido en flagrancia por la mamá de la menor, quien solicitó ayuda y fue auxiliada por una patrulla de la Policía Nacional que se encontraba cerca.
Otro resultado, que se logró gracias al compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de hacer justicia con los delitos que afectan la seguridad ciudadana, fue la sentencia contra un hombre que abusó sexualmente de una joven de 16 años.
La decisión judicial se refiere a los acontecimientos sucedidos en el 2015 en el barrio Blas de Lezo, de Cartagena, donde el procesado de 56 años, quien conoció a la víctima por redes sociales, la invitó a su casa en donde la retuvo y a la fuerza la agredió sexualmente.
La mujer logró escapar y fue auxiliada por sus familiares que denunciaron el hecho a la Fiscalía General que le imputó el delito de acceso carnal violento.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
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MEVA/CFG/ICHS/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
