En otra acción judicial fue imputado un hombre que habría participado en el asesinato de un reincorporado en Caquetá.
Fiscales de la Unidad Especial de Investigación (UEI) lograron una condena y realizaron una imputación por afectaciones contra reincorporados en Bogotá y San José del Fragua (Caquetá).
Crimen en el sur de Bogotá
Ante la contundencia de las pruebas obtenidas por la Fiscalía, Bayron Leandro Espitia Bocanegra aceptó su responsabilidad en el asesinato del reincorporado Carlos Humberto Siavato, ocurrido el 2 de abril de 2022, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.
En ese sentido, mediante preacuerdo, fue condenado a 20 años y 6 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones agravado.
La investigación estableció que Espitia Bocanegra, a bordo de una motocicleta, interceptó a la víctima y le disparó en varias oportunidades. El reincorporado fue trasladado al Hospital Meissen, pero murió por la gravedad de las heridas.
Muerte de reincorporado en Caquetá
Por petición de la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Harvey Cuellar Castillo, alias Fósforo, por la posible participación en el crimen del reincorporado Jair Danilo Calderón Aranda, sucedido el 22 de agosto de 2021, en la vereda Luna, en San José del Fragua (Caquetá).
Alias Fósforo fue capturado en Armenia (Quindío) e imputado por los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
AMCJ/JARG/AA/UEI/MCR/
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
