La sentenciada deberá cumplir la pena privativa de la libertad en centro carcelario.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó argumentos y pruebas suficientes para que el Tribunal Superior de Bogotá declara responsable del delito de prevaricato por acción a la exjuez civil de Lorica (Córdoba), Isabel Lorelei del Socorro Montes Oyola.
Mientras ejerció como funcionaria judicial, la hoy sentenciada emitió un fallo en el que ordenó a un particular y a una aseguradora pagar una millonaria indemnización por la muerte en accidente de tránsito de una mujer de 29 años, en 2013.
La Fiscalía demostró que Montes Oyola convocó a juicio civil extracontractual sin agotar las instancias de conciliación, no llamó a declarar a los peritos que conocieron el siniestro, tampoco escuchó a los demandados ni tuvo en cuenta pruebas que demostraban que el vehículo involucrado no pertenecía a la aseguradora afectada.
Adicionalmente, se conoció que realizó las audiencias en tiempo récord y fijó de manera caprichosa el monto de la indemnización por daños morales y materiales, en 3.164 millones de pesos.
Por estos hechos, la exjuez de Lorica (Córdoba) fue condenada a cuatro años y seis meses de prisión, y al pago de una multa de 50 millones de pesos. Además, recibió una inhabilidad de 84 meses para ejercer funciones públicas. La pena se hará efectiva en centro carcelario, luego de que termine de cumplir otra sentencia en su contra.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LAGP/JARG/EAC/DECC/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
