Los hechos ocurrieron 2017, en Tunja (Boyacá). La víctima fue reportada como desaparecida, posteriormente, su cuerpo fue hallado colgando de una viga para simular un suicidio.
El material de prueba recaudado por la Fiscalía General de la Nación fue determinante para que un juez de conocimiento de Bogotá condenara a 34 años y 6 meses de prisión a Herminson García Rueda, responsable por la muerte de Heidy Johana Ramírez Castillo.
Según la investigación, adelantada por un fiscal de la Seccional Boyacá, la víctima fue reportada como desaparecida el 10 de abril de 2017. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado colgando de una cuerda que estaba atada a una columna del apartamento donde residía.
Labores de policía judicial establecieron que el nudo en la soga había sido elaborado por una persona con experiencia en dichas tareas, experticia con la que no contaba la víctima. Las pesquisas realizadas por expertos evidenciaron que García Rueda asfixió a la mujer; y que su condición de soldado profesional le permitió atar la soga con un nudo especial.
La Fiscalía concluyó que el sentenciado alteró la escena del crimen para desviar la investigación y confundir a las autoridades.
Una vez cometido el crimen el hombre huyó de la casa hurtando un televisor, un celular, un edredón y 600.000 pesos en efectivo de propiedad de la mujer quien laborada en la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá).
Por estos hechos, la Fiscalía imputó al ahora condenado por los delitos de homicidio y hurto agravados. El procesado permanece privado de la libertad en cárcel de alta seguridad de El Barne de Cómbita (Boyacá).
La Fiscalía habla con resultados.
LMBG/MAGA/LNFR/SFB/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
