Las acciones adelantadas por la Fiscalía permitieron, además, judicializar a dos adultos quienes, se cree, contactaban a la mujer para reunirse con la menor de edad a quien habrían agredido sexualmente en, al menos, cinco ocasiones.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías de Socorro (Santander), impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a dos hombres y una mujer, presuntamente implicados en delitos que atentan contra la integridad sexual de una menor de 12 años.
Los hechos ocurrieron en zona rural del municipio del Palmar, durante el pasado mes de abril. La investigación evidenció que en dicha población la víctima fue agredida sexualmente en más de cinco oportunidades.
Las agresiones a la joven habrían sido planificadas por la judicializada quien, se cree, aprovechó su condición de prima de la menor de edad para organizar las reuniones en las que se concretaban los abusos.
Labores de policía judicial evidenciaron que la menor sería instrumentalizada por su familiar quien se presume, enviaba fotos y videos íntimos de la adolescente a los adultos, en procurada de concretar los encuentros, a cambio de dinero.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Santander imputó a los tres investigados, según su posible responsabilidad individual, los delitos de acceso carnal violento, acceso carnal, proxenetismo y pornografía. Todas las conductas agravadas.
Las acciones coordinadas entre la Fiscalía, el Ejército y la Policía Nacional permitió la captura de las tres personas quienes fueron asegurados en centro carcelario.
DRA/MAGA/LC/DSS.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
