Con el propósito de enfrentar con prontitud y eficiencia los delitos que afectan la integridad y libertad sexual de niños, niñas y adolescentes; de acuerdo a los lineamientos trazados por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, la Seccional Risaralda judicializó a un hombre, presuntamente responsable de incurrir en delitos sexuales contra una menor de tres años de edad.   

El supuesto agresor, de 57 años, sería el esposo de la madre comunitaria del hogar ubicado en Pereira, donde sucedieron los hechos. Además, sería quien preparaba los alimentos de los infantes que acudían a dicho lugar.  

Los hechos investigados sucedieron el 28 de marzo pasado cuando el presunto agresor, al parecer, habría sometido a la víctima a tocamientos indebidos por la fuerza.   

El malestar reportado por la víctima hizo que fuera atendida en un centro médico donde los especialistas lograron evidenciar las agresiones a las que al parecer habría sido sometida la niña. 

Un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) imputó al procesado por los delitos de acto sexual violento, cargo que no fue aceptado por el judicializado.   

Aunque el ente acusador solicitó privar de la libertad al implicado, el juez de control de garantías de Belén de Umbría ordenó que el hombre asuma su defensa en libertad. La Fiscalía interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación sobre esta determinación. 

La captura del procesado estuvo a cargo de servidores del CTI y de la Policía Nacional.   

Esta información se publica por razones de interés general.  

La Fiscalía habla con resultados.   

 

 

DSQ/CLCG/MAGA/AMBV  

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.