Un juez penal de Palmira acogió la solicitud de la Fiscalía Seccional y dicto medida de aseguramiento contra tres presuntos integrantes de la banda Los Gatos, dedicados al parecer al hurto violento y el porte de armas de fuego.

En la fotografía aparecen tres hombres capturados, junto a dos agentes de la Policía Nacional. En la parte posterior de la imagen se ve un banner de la Policía Nacional
Tres presuntos miembros de la banda Los Gatos a quienes un juez penal de Palmira les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Julián Steven Hurtado Díaz, Manuel García Arango y Luis Eduardo Castillo Montes fueron imputados con cargos por su presunta autoría en los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, porte de armas de fuego y porte de estupefacientes.

Según la investigación, la banda Los Gatos se dedica al hurto violento con armas de fuego y cortopunzante en los barrios de las comunas 1, 2 y 7 de Palmira, despojando a sus víctimas de relojes, dinero, joyas, amenazándolos con las armas. La estructura criminal obtenía de manera ilegal ingresos mensuales hasta por 10 millones de pesos.

La Fiscalía logró asociar siete casos que fueron esclarecidos, cometidos en la modalidad de atraco, y la recuperación de una motocicleta robada.

Los tres asegurados fueron capturados por agentes de la Policía Nacional durante operativos de registro y allanamiento a varias viviendas, en donde fueron incautados una escopeta calibre 12, 42 cartuchos y marihuana.

Julián Steven Hurtado Díaz, Manuel García Arango y Luis Eduardo Castillo Montes no se allanaron a cargos.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados 

 

 

 

 

 

JGP/CFG/LVB/DSC

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.