La Fiscalía General de la Nación logró que un juez con funciones de control de garantías asegurará a tres personas como presuntos responsables de los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos y violencia contra servidor público.
Se trata de Luis Alberto Velázquez Contreras, alias Lucho; José Carlos Méndez López, alias Carlitos; y Dulcey Rivera Duran, quienes, al parecer, son integrantes del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) Clan del Golfo con injerencia en el corregimiento de La Loma de Calenturas, zona rural de El Paso (Cesar).
De acuerdo con las investigaciones adelantadas, se presume que, los hoy procesados les exigían a las comerciantes, entre cien y ciento cincuenta mil pesos, a cambió de no atentar contra sus vidas, familiares y negocios.
Una fuente humana manifestó que los implicados, al parecer, realizarían un atentado en contra de la estación de Policía de esa localidad.
Uniformados de la Policía y el Ejército Nacional capturaron en diligencias de registro y allanamiento, el pasado 7 de septiembre, en el municipio El Pasto a los tres investigados, a quienes les incautaron una granada de fragmentación, un arma de fuego, una traumática, cartuchos para la misma, un teléfono celular y una libreta con anotaciones, en las que estarían registradas las actividades delictivas de la organización.
En audiencias concentradas el juez acogió los argumentos de la Fiscalía y privó de la libertad en establecimiento carcelario a los dos hombres; mientras que un tercero fue asegurado en lugar de domicilio.
La Fiscalía habla con resultados.
EDH/MG/JAAL/DSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
