Al acoger la petición de la Fiscalía, el juez quinto penal de Buenaventura con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento intramuros en contra de Richard Leonardo Caicedo Zambrano, José Francisco Salazar Yesquen y Yonatan Gamboa Caicedo, pescadores de profesión, por su presunta coautoría en el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes con fines de narcotráfico, el cual no aceptaron.
Los tres hombres fueron detenidos el pasado 30 de octubre durante un operativo de interdicción marítima, por guardacostas de la Armada Nacional, en coordinación con servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), a 20 millas náuticas de Bocas del Naya, sitio donde fue divisada una lancha sin matrícula.
Según lo establecido en el proceso, las autoridades le hicieron la señal de pare a la embarcación, pero los tripulantes supuestamente trataron de fugarse y, durante el recorrido, habrían empezado a lanzar al mar equipos de comunicaciones y costales.
Cuando los investigadores recuperaron los costales hallaron 420 paquetes con una sustancia que, al hacerle la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (Piph), arrojó positivo para cocaína, con un peso neto de 341 kilos, que estaría avaluada en 8 millones de dólares. Cada uno de los paquetes tenía la marquilla ‘3P’.
La lancha habría salido de la región del Naya con dirección a Panamá, tendría como destino Estados Unidos.
Con esta incautación se propinó un golpe a las finanzas del grupo armado organizado residual Columna Jaime Martínez.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
JGPV/JC/DLBM.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
