Los procesados que, al parecer, harían parte de una red de sicarios, habrían disparado contra la víctima en su lugar de residencia.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Frank Yosserth Rodríguez Useche y Mónica Paola Espitia Montaña, presuntos responsables de asesinar a un comerciante de nacionalidad venezolana, en hechos ocurridos el pasado 11 de noviembre, en el condominio Tamarindo, en Villa del Rosario (Norte de Santander).
De acuerdo con los registros fílmicos, la víctima, conocida como ‘Mariachi’, departía en compañía de otras personas, cuando un hombre y una mujer en una motocicleta habrían ingresado a la fuerza al conjunto residencial y lo atacaron con un arma de fuego, ocasionándole la muerte.
La labor investigativa realizada por el CTI de la Fiscalía, con apoyo de la Policía Nacional, permitió recopilar abundante material de prueba y evidencia técnica para identificar y capturar a Rodríguez Useche y Espitia Montaña, en una vivienda ubicada en el mismo municipio donde ocurrió el crimen.
En la diligencia de registro y allanamiento fue incautada un arma de fuego tipo revólver, dos celulares y una motocicleta.
Un fiscal de la Seccional Norte de Santander imputó a los detenidos los delitos de homicidio agravado; y tráfico, fabricación, o porte de armas de fuego.
Por disposición de un juez con función de garantías, Frank Yosserth Rodríguez Useche fue privado de la libertad en centro carcelario. Por su parte, Mónica Paola Espitia Montaña deberá cumplir medida restrictiva en su lugar de residencia.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LMBG/LYBT/JAAL.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
