La Fiscalía General de la Nación judicializó a nueve presuntos responsables de una ola de violencia en la que fueron asesinadas ocho personas, en hechos diferentes, ocurridos entre 2024 y 2025, en el sur de Huila.
Una fiscal seccional les imputó, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
En un trabajo articulado entre servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, se hicieron efectivas las órdenes de captura en contra de estos hombres, en Pitalito, Saladoblanco, Isnos y Oporapa (Huila).
Se trata de los hermanos Calixto y Miguel Antonio Antury Antury; Cristian Rodríguez Gutiérrez, Arbey Mauricio Martínez Rojas, Hermes Ordoñez Quisaboni, Robinson Ortiz Córdoba, Juan David Sánchez Murcia, Eider Arley Castaño Chicue y Juan Esteban Guaca Vargas.
Jueces con función de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario contra cinco de los procesados. Por su parte, a los hermanos Antury Antury, Ordoñez Quisaboni y Ortiz Córdoba de detención domiciliaria.
Dentro de los hechos, se encuentra el ocurrido en la vereda Salen de Isnos (Huila), donde Juan David Sánchez Murcia, al parecer, asesinó, con arma de fuego, a una joven, de 23 años, quien se desplazaba en una motocicleta por el sector.
Durante los operativos fueron incautadas tres armas de fuego con su respectiva munición.
WAGG/LMFO/AMCJ/SC/JCFJ/DSH
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
