Los hermanos Járrison David y Alirio Taicus Pascal y un menor de edad fueron privados de la libertad por un juez penal de Tumaco, (Nariño), por su presunta responsabilidad en los delitos de porte de armas de fuego y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.
A su vez, un juez penal para adolescentes dictó medida de internamiento preventivo en contra del menor de edad en un Centro de Atención Especializado, luego que un fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes le imputara cargos por los mismos delitos.
Una fuente humana declaró ante la Fiscalía General sobre la posible existencia de tres inmuebles ubicados en el corregimiento de La Guayacana, zona rural de Tumaco, en donde se almacenarían armas de fuego, sustancias estupefacientes y en ellos harían presencia presuntos integrantes de la disidencia residual Urías Rondón o frente 30.
Servidores del CTI de la Fiscalía, agentes de la Policía Nacional y unidades de la Amada Nacional y el Ejército Nacional allanaron de manera simultánea las tres viviendas, en donde se logró la captura de Alirio Pascal Taicus, a quien le fueron incautados un fusil con 10 proveedores, 259 cartuchos, una escopeta con 6 cartuchos, un arma traumática, un radio de comunicaciones y cuatro teléfonos celulares.
En el segundo inmueble fue capturado Javier Pascal Taicus y le fueron decomisados una escopeta y 2.5 kilos de pasta de cocaína. En la tercera vivienda fue aprehendido el menor de edad a quien le encontraron una escopeta y 2.6 kilos de pasta de cocaína.
Durante las audiencias concentradas ninguno aceptó los cargos imputados.
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La Fiscalía habla con resultados
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JGP/CFG/LVB/DSN
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
