La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías privara de la libertad a Néstor Manuel Julio Orozco, alias Jhon Caballo; Carlos Manuel Olmos Correa, alias Chachito; Gustavo Adolfo Chaverra Payán, alias Chaverra; y Rocnit Alexander Chávez Bermejo, alias Cuzimita, por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado agravado, los cuales no aceptaron.
Las investigaciones dan cuenta que los hoy procesados, al parecer, quienes integraban el grupo delincuencial Los Logísticos, dedicado a los hurtos en establecimientos comerciales y residencias, con arma de fuego amenazaban a sus víctimas para que entregaran sus pertenecías.
Los hechos se registraron en los barrios Boston, La Esperanza y La Candelaria en Cartagena (Bolívar), desde el año 2020 hasta la actualidad.
Labores investigativas permitieron identificar a varias de las personas que con arma de fuego y amenazas habrían intimidado en reiteradas ocasiones a residentes de viviendas y locales ubicados en el sur occidente de la capital de Bolívar para robar sus pertenencias.
Un trabajo articulado entre la Fiscalía y la Policía Nacional permitió mediante orden judicial capturar en diligencias de allanamiento realizadas el pasado 30 de abril, de los cuatro hombres, a quienes les incautaron unas motocicletas que se presume eran utilizadas para sus actividades ilícitas.
Por disposición del juez de control de garantías, tres de los procesados deberán cumplirán sus medidas de aseguramiento en centro carcelario, mientras que alias Cuzimita lo hará en su lugar de domicilio.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
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MEVA/MG/ICHS/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
