El trabajo articulado entre la Seccional Risaralda de la Fiscalía General de la Nación y la Sijín de la Policía Nacional fue determinante para judicializar a cuatro presuntos integrantes de ‘Los Viajeros’, red criminal responsable de múltiples hurtos de celulares.
Se trata de Lady Johanna Vargas Rojas, Christian Camilo González Barbosa, Diana Marcela Ruiz Rojas y Brayan Daniel Domínguez Bolaños quienes, al parecer, se dedicaban a hurtar teléfonos móviles en espectáculos públicos como conciertos o festividades.La Fiscalía evidenció que los procesados, presuntamente, se mezclaban entre los asistentes a los eventos donde, mediante la modalidad de cosquilleo, se habrían apoderado de las pertenencias de los ciudadanos.
Uno de los casos que se tiene documentado ocurrió el agosto de 2023 en inmediaciones de la Avenida del Río y la plazoleta Ciudad Victoria de Pereira (Risaralda) donde fueron hurtados 324 celulares.
Una vez cometidos los hurto los procesados, al parecer, modificaban el número de identificación del equipo móvil (IMEI) para de esa manera liberarlos y poder comercializarlos de manera ilegal.
El ente acusador imputó a los investigados, según sus probables responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir con fines de hurto, hurto agravado, manipulación de equipos terminales móviles y receptación. Ninguno de los cargos fue aceptado.
Un juez de control de garantías privó de la libertad en centro carcelario a Vargas Rojas, presunta cabecilla de la red criminal. Los demás fueron cobijados con medida de aseguramiento en lugar de residencia.
Esta información se publica por razones de interés general
CLCG/MAGA/AMMD/DSR
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
