Los procesados fueron privados de la libertad en establecimientos carcelarios.
En una ofensiva contra los delitos que afectan la seguridad ciudadana en Boyacá, la Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro personas que estarían vinculadas a la comisión de hurtos a personas y a viviendas en ese departamento.
Tres de los procesados fueron detenidos en situación de flagrancia en el sector de Las Ferias de Chiquinquirá (Boyacá), luego de que asaltaran a un ciudadano intimidándolo con armas cortopunzantes para despojarlo de su teléfono celular y dinero en efectivo.
Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía le imputó a Julio Andrés Soler Sierra, Nicolás Andrey Durán Rozo y a Kelly Paola Cañón Puentes, el delito de hurto calificado.
Asimismo, fue judicializado por el delito de hurto calificado y agravado, Juan Carlos Quintero Peñuela, señalado de hacer parte de una red ilegal que sería responsable del hurto de viviendas en Chiquinquirá, mediante la modalidad de llave maestra.
De acuerdo con el material probatorio recaudado por el ente investigador, esta persona habría participado en el asalto de un inmueble, ocurrido el pasado viernes 01 de septiembre en el sector de Entrerríos de Chiquinquirá, donde una familia fue intimidada con armas de fuego, entre ellos, un niño de dos años y les hurtaron dinero en efectivo y elementos de valor.
Las cuatro personas, gracias al trabajo investigativo de la Seccional Boyacá, deberán cumplir medidas privativas de la libertad en establecimientos carcelarios.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LMBG/LYBT/LNFR/SFB.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
