En los municipios de Tuluá y Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), la Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro personas, presuntamente responsables de portar estupefacientes y armas de fuego, estas últimas sin los permisos de ley.
En Tuluá fue imputado con el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes José Berlaini García Hernández. Esta persona fue capturada en flagrancia por la Policía Nacional cuando, presuntamente, transportaba 191 kilos de marihuana ocultos en las sillas traseras de un automotor.

Las autoridades hallaron seis bultos con 194 paquetes que contenían hojas, tallos y semillas. Este hecho ocurrió el pasado 6 de mayo en la vía que de Andalucía conduce a Cerritos (Valle del Cauca).
En Guadalajara de Buga, fueron judicializados Jhonatan Muñoz Pérez, alias La Chinga; Jhon Eisson Rivera Días, alias Jhon y a Michael Estiven Naranjo García, alias Michael. Los procesados fueron imputados con los delitos de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, por porte ilegal de armas o municiones, receptación y falsedad marcaria.

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 6 mayo durante tres diligencias de registro y allanamiento que se realizaron en los barrios El Carmelo, San José Obrero y Santa Bárbara. Allí, las autoridades incautaron dos armas de fuego, munición para pistola y revólver, 60 dosis de marihuana, una gramera, cuatro celulares y una motocicleta con placas que no le pertenecían.
En ambos casos, jueces de control de garantías acogieron la solicitud de la Fiscalía y privaron de la libertad a los presuntos implicados, quienes no aceptaron los cargos formulados.
MAP/DSVC/MAGA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.