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Fiscalía judicializó a 5 presuntos miembros de la banda Los Caminantes por hurto calificado y receptación  

Luego de avalar la imputación de cargos de la Fiscalía contra 5 presuntos integrantes de la banda delictiva Los Caminantes, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento intramuros, por su posible responsabilidad en los delitos hurto calificado y agravado en concurso homogéneo, hurto agravado, concierto para delinquir y receptación

Los cobijados con la medida judicial son Jonathan Alexánder Tarapuez Tovar, alias el Mono; Hugo David Mena Achicanoy, alias Tabla; Jhon Maicol Mena Achicanoy, alias Gordo; David Esteban Rivera Quiroz, alias el Flaco; y Luis Felipe Caicedo Cortez, alias el Negro.

De acuerdo con las indagaciones de la Fiscalía, estas personas presuntamente integraban una estructura delictiva dedicada a cometer hurtos a personas, ejerciendo violencia física; así como a la compraventa de elementos hurtados.

El ente investigador logró asociar 19 casos, entre ellos 13 de víctimas mujeres, cuyo detrimento patrimonial osciló entre $800.000 y $3.200.000, mientras que el hurto a las otras 6 personas ascendió a $9.000.000.

Las acciones delictivas de ‘Los Caminantes’ fueron perpetradas entre el 11 de mayo y el 10 de junio de 2021, en diferentes zonas del sur, centro y norte de Pasto (Nariño).

Agentes de la Sijín de la Policía Nacional, coordinados por un fiscal local de la Estructura de Apoyo (EDA) Seccional Nariño, capturaron a los hoy procesados en varios sectores de la ciudad, mediante orden judicial.

Los 5 imputados no se allanaron a cargos.

La Fiscalía habla con resultados.

JGPV/JP/DLBM.

 

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004. 

 

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