El señalado agresor fue imputado y asegurado recientemente por el delito de pornografía infantil, del cual era víctima otra menor de edad.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a un hombre que le habría causado la muerte a su hijastra de tres años, el pasado 31 mayo, en un inmueble del barrio Brasil, en la localidad de Bosa, en el suroccidente de Bogotá.
La víctima había sido trasladada a un centro médico por algunos de sus familiares; sin embargo, ante la complejidad de su estado de salud fue remitida de urgencias al Hospital de Kennedy, a donde llegó sin vida. Los médicos indicaron que la menor de edad presentaba signos de maltrato físico, que corresponderían a un ciclo prolongado de violencia en su contra que ejercía el padrastro.
En ese sentido, una fiscal de la Unidad de Vida de la Fiscalía General de la Nación imputó al señalado agresor el delito de feminicidio agravado, el cual no fue aceptado.
Durante las actividades investigativas desplegadas para establecer lo sucedido con la niña de tres años, el padrastro fue capturado. En su teléfono móvil fueron encontradas fotografías con contenido explícito que involucran a otra menor de edad, entre 3 y 4 años, que señalaba al hombre de actos sexuales y otros comportamientos en contra de su integridad física y emocional.
Por estos hechos, el pasado 1 de junio, la Fiscalía le imputó los delitos de pornografía infantil y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas. En su momento fue asegurado con medida de privativa de la libertad, que cumple en la cárcel de Cómbita (Boyacá).
FAGH/AMCJ/CCH/SB/FA/MAGA/JARG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.