Los elementos materiales aportados por un fiscal adscrito a la Seccional Cesar permitieron la judicialización de Francisco Manuel Meza Altamar, alcalde de El Copey (Cesar), de Belkis Leonor Jiménez Nieves, exsecretaria de inclusión social y deporte de la localidad y Antonio María Andrade Zambrano, representante legal de la empresa Sicarcol S.A.S.
Las acciones desplegadas por la Fiscalía se dan tras evidenciarse presuntas irregularidades en la celebración de 14 contratos dispuestos para la prestación de bienes y servicios, con un monto que asciende a 4.068 millones de pesos.
Durante la investigación, la Fiscalía puso en evidencia que los procesados, al parecer, direccionaron la contratación de los recursos provenientes de la administración municipal y se concertaron de manera especial en la adjudicación a las empresas Fundación para el Desarrollo Social y Productivo (Fundecop) y Servicios Integrales del Caribe S.A.S.
El ente de control pudo evidenciar, que el actual alcalde, fue propietario, dueño, gerente y representante legal de la primera empresa en mención, a su turno, se confirmó que, en el caso de la segunda, en sus inicios figuraba como propiedad de un hermano del mandatario, la misma que posteriormente pasó a manos de quien fungió como secretaria de inclusión social, cultura, deporte y recreación, es decir, la señora Jiménez Nieves.
Por estos hechos Meza Altamar y las dos personas investigadas fueron imputadas por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, en concurso homogéneo en 14 ocasiones y en concurso heterogéneo con concierto para delinquir agravado. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Al final de las audiencias el juez impuso medida de aseguramiento restrictiva de la libertad en su lugar de residencia en contra del alcalde de El Copey y de la exsecretaria de deportes, mientras que al contratista lo cobijó con una medida no privativa de la libertad.
La Fiscalía habla con resultados
EDH/FAGH/AGG/DSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
