- La mujer fue notificada en el centro carcelario donde se encuentra recluida por otro hecho delictivo.
- La procesada haría parte de una red ilegal dedicada a engañar ciudadanos mediante la modalidad de falso servicio. Estas acciones las cometería en Boyacá.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Denis Stefanía Pérez Sánchez como presunta responsabilidad en el cobro de extorsiones desde un centro carcelario ubicado en la capital del país.
La mujer sería integrante de una estructura ilegal dedicada a engañar ciudadanos en Boyacá a quienes contactaría para que le prestaran servicios que nunca se prestaban, pero sí les exigía el pago de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas.
El caso más reciente fue denunciado el pasado 4 de febrero en Sotaquirá (Boyacá) donde un hombre fue contactado vía telefónica para que prestara el servicio de transporte de una persona desde la vereda La Leonera.
En el recorrido la víctima recibió otra llamada de un supuesto integrante de un grupo guerrillero donde le decía que había ingresado a un territorio prohibido y por ello le exigía el pago de una millonaria suma, a cambio de que no atentaran contra su vida. El dinero debía ser remitido a través de una aplicación a nombre de Denis Stefanía Pérez Sánchez.
La mujer actualmente está recluida en un establecimiento carcelario cumpliendo una medida privativa de la libertad por otro ilícito. La Fiscalía le imputó el delito de extorsión.
Esta información se publica por razones de interés general.
LMBG/LNFR/SFB/AMCJ/MAGA/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
