También están siendo procesados la exsecretaria de infraestructura Sandra Patricia Sánchez Cañas y el funcionario de Coldeportes Fredy Alexander Medina Balbín.
Las acciones desplegadas por los procesados habrían comprometido recursos por 5.000 millones de pesos.
Los elementos materiales aportados por una fiscal adscrita a la Seccional Quindío permitieron la judicialización de Luz Piedad Valencia Franco, exalcaldesa de Armenia (Quindío) para el periodo 2012- 2015; de Sandra Patricia Sánchez Cañas, exsecretaria de infraestructura durante el periodo 2012 – 2014 y de Fredy Alexander Medina Balbín, supervisor de Coldeportes
Las acciones desplegadas por la Fiscalía se dan tras evidenciarse presuntas irregularidades en la celebración de 33 contratos dispuestos para la construcción de los escenarios deportivos en Armenia en donde se realizarían los Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe, en 2013.
Elementos de prueba recaudados por la Fiscalía pusieron en evidencia que las procesadas, al parecer, direccionaron la contratación de los recursos provenientes de Coldeportes y suscribieron contratos con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDUA) desconociendo principios de transparencia y selección objetiva. Además, se estableció que en este proceso se optó por la contratar de manera directa y se evadieron los procesos licitatorios dispuestos por la ley.
Estas acciones habrían afectado el erario en cerca de 5.000 millones de pesos. Por estos hechos Medina Balbín fue imputado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos mientras que a la exalcaldesa y la secretaria de infraestructura se les suma además el de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados
CLCG/MAGA/APMC/DSQ
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
