Una Fiscalía de Norte de Santander judicializó a Ifre Junior Castillo Suárez, señalado por el asesinato de una mujer en del municipio de Ocaña (Norte de Santander).

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de febrero en horas de la mañana cuando el procesado habría atacado a la víctima con arma de fuego, provocándole la muerte y huyendo del lugar en una motocicleta.

En la imagen se aprecia al capturado junto a una uniformada de la Policía Nacional, una investigadora del CTI y a un uniformado del Ejército Nacional. Detrás de ellos se observa los banners que identifican a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación.
El procesado habría sido el autor material del asesinato de una mujer en Ocaña, el pasado mes de febrero.

La captura de Castillo Suárez fue materializada mediante orden judicial este 18 de septiembre por investigadores del CTI en articulación con Ejército y Policía Nacional frente al Terminal de Transportes de Ocaña.

Según la investigación Castillo Suárez, al parecer habría sido contratado por el exesposo de la víctima para asesinarla.  La Fiscalía lo imputó por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, municiones partes o accesorios, a los que no se allanó.

Por determinación del ente juzgador al procesado se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

Es de anotar que por estos hechos se encuentra privado de la libertad el exesposo de la víctima desde el pasado mes de julio por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio agravado.

La Fiscalía habla con resultados

 

 

MPHA/LYBT/JHDS/AOG/DSNS

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.