Un fiscal de la Seccional Cali judicializó a dos hombres y una mujer, aparentemente comprometidos en una serie de hurtos ocurridos en la capital del Valle del Cauca. Son ellos John Wilson Zuluaga Ruíz, Nathali Ruíz Rivas y Juan Sebastián Ambuila Solís a quienes se les atribuye su posible responsabilidad en, al menos, siete atracos y un homicidio.
El trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación y la Sijin de la Policía Nacional evidencian que los procesados harían parte de una red criminal que desde septiembre pasado vendría hurtando ciudadanos en Cali. La investigación determinó que los investigados usaban motocicletas con placas adulteradas para huir tras cometer los hurtos de las víctimas a quienes intimidaban con armas de fuego.
Muchos de los delitos eran cometidos en semáforos en rojo, mientras los vehículos de las víctimas estaban detenidos. Se estima que el valor de los robos superaría los 80 millones de pesos. También se determinó que, al menos, en una oportunidad los procesados realizaron transferencias bancarias con dineros producto de ilícitos.
Información en poder de la Fiscalía evidencia que durante uno de los hurtos un ciudadano quien se movilizaba en un vehículo particular fue asesinado de un disparo, debido a que opuso resistencia.
Personal de la Sijín capturó a Zuluaga Ruíz y Ruíz Rivas el pasado 5 de noviembre en vía pública. Ambuila Solís, por su parte, fue notificado de este proceso penal, en el centro carcelario donde se encuentra privado de la libertad por otro ilícito.
Un fiscal de la Seccional Cali imputó a los tres procesados, según responsabilidades individuales, delitos como concierto para delinquir agravado, hurto calificado y agravado, hurto por medios informáticos y semejantes, porte ilegal de armas de fuego y falsedad marcaria. Los investigados deberán cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
