La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres presuntos implicados de homicidios ocurridos, en hechos distintos, en La Victoria, Restrepo y Tuluá (Valle del Cauca). Los crímenes habrían ocurrido con armas de fuego y cortopunzantes. Dos de las víctimas fueron citadas con engaños y una fue asesinada durante una discusión por la compra de una botella de licor.
En Tuluá, la Fiscalía judicializó a Juan Pablo Barrera Guzmán por su presunta participación en el asesinato de un pensionado de la Policía Nacional de 46 años. Los hechos ocurrieron el 1 de agosto de 2019 en el Puente San Carlos.
De acuerdo con la investigación, la víctima fue citada bajo engaños y recibió tres impactos de bala, posteriormente le habrían hurtado su motocicleta y documentos, entre los que había una tarjeta débito con la que hicieron retiros de más de 10 millones de pesos. Asimismo, ingresaron a su vivienda de donde fueron hurtadas varios objetos de valor.
Barrera Guzmán fue imputado por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y hurto calificado y agravado. Esta persona se encontraba en centro carcelario por otro delito en Miranda (Cauca).
En los otros dos casos, ocurridos en Retrepo y La Victoria (Valle del Cauca) fueron judicializados Víctor Hugo Muñoz Herrera y Luis Carlos Grajales Ordóñez, alias Víctor Cabezas. A las dos personas la fiscalía les imputó los delitos como homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Ninguno de los investigados aceptó los cargos en su contra. Los jueces de control de garantías respectivos, les impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario.

MAP/AICR/DSVC/AMCJ/MAGA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.