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Fiscalía judicializa a presuntos agresores de animales en Cundinamarca

Una fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) presentó ante jueces de control de garantías a dos hombres que, en hechos distintos, habrían causado graves afectaciones a cuatro perros en Cundinamarca.

Animales amarrados en un carro

La Fiscalía logró la judicialización de Mario Castro Espitia, como presunto responsable de poner en riesgo la vida de tres cachorras de dos meses, en un parqueadero público de La Mesa (Cundinamarca), el 18 de diciembre de 2022.

De acuerdo con la investigación, los tres animales fueron dejados dentro de una lona que había sido amarrada, y puesta en el platón de un vehículo. Las caninas permanecieron en precarias condiciones, sin acceso a agua y aire en el lugar, y expuestas a altas temperaturas.

En este sentido, Castro Espitia fue imputado por el delito de maltrato animal agravado, por menoscabar la integridad física de las cachorras.

Agresión a ‘Max’

El 24 de mayo de 2023, en la vereda San José de Pacho (Cundinamarca), Jacinto Hernando Romero Espitia, al parecer, golpeó de manera sistemática a un perro llamado ‘Max’.

El material de prueba da cuenta de que el hombre habría atacado al canino con un palo de guadua ocasionándole heridas de gravedad. ‘Max’ fue trasladado a un médico veterinario, pero su estado de salud era crítico y le fue aplicada la eutanasia humanitaria.

Por estos hechos, Romero Espitia fue imputado por el delito de maltrato animal, cargo que no fue aceptado.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

 

 

 

AMCJ/JARG/MRC/GELMA/

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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