Se trata de Darwin García Pérez quien cobraría 170 dólares a cada migrante que llegaba a Acandí (Chocó).
Un juez con función de control de garantías de Antioquia avaló la imputación que la Fiscalía General de la Nación realizó en contra de Darwin García Pérez, presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes. Cargos que no aceptó.
El hoy judicializado sería propietario y administrador de un hostal, un albergue, una licorera y una empresa de transporte marítimo que utilizaría para dinamizar el tráfico de migrantes que arriban a Turbo y Necoclí (Antioquia), y a Capurganá y Acandí (Chocó).
Un fiscal del Grupo de Tráfico de Migrantes y Trata de Personas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, evidenció que en septiembre de 2023 García Pérez se habría concertado con integrantes de la estructura Efrén Martínez del Clan del Golfo para organizar los desplazamientos de cientos de ciudadanos que irregularmente arriban a territorio nacional con el propósito de cruzar la frontera hacia Panamá.
Según la investigación, García Pérez, al parecer, les cobraba 170 dólares a cada una de las personas interesadas en llegar a Centro América, a cambio de entregarles paquetes de alimentación y hospedaje, realizar los trámites migratorios, los traslados y suministrar los guías. Un porcentaje de estos cobros sería entregado a los integrantes de la organización ilegal.
García Pérez fue capturado en desarrollo de una acción coordinada entre el CTI de la Fiscalía, la Dijin de la Policía Nacional, uniformados de la Séptima Brigada del Ejército Nacional y Migración Colombia, cuando abordaba una lancha con destino Acandí (Chocó).
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AGP/MAGA/CCH/DECVDH/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
