El hombre se presentó ante las autoridades y tras verificar su posible participación en el hecho fue judicializado por tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Wilmer Alexander Perea Babativa por su presunta participación en el ataque sicarial que dejó herido al periodista Gustavo Chincangana Álvarez, ocurrido en la noche del pasado 5 de julio, en el casco urbano de San José del Guaviare (Guaviare).
Se estableció que Perea Bavativa de 21 años, habría acordado con otras personas la ejecución del hecho y sería la persona que disparó contra el periodista y su esposa frente a su vivienda. Las víctimas agredidas en estado de indefensión, recibieron varias heridas con arma de fuego.
La pareja fue trasladada a un centro asistencial donde recibió atención médica de urgencia. Las dos personas se encuentran hospitalizadas debido a las lesiones que recibieron.
En ese sentido, un fiscal de la Seccional Guaviare le imputó los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
El procesado no aceptó cargos y le fue impuesta medida de aseguramiento de establecimiento carcelario.
Este hombre se presentó ante las autoridades y tras las verificaciones adelantadas de su posible participación fue judicializado. Por este hecho, fue capturada en las últimas horas una segunda persona que será presentada ante un juez de control de garantías.
AMCJ/ICLH/DSG/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
