De acuerdo con el material de prueba obtenido, el procesado difundía por redes sociales ‘retos’ que inducían a niños, niñas y adolescentes a besarse y a asumir otros comportamientos en contra de su formación sexual.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización del productor de contenidos digitales, William Eliud Camacho Domínguez, conocido como ‘El Wilpro’, por presuntamente promover prácticas de tipo sexual entre menores de edad a través de sus publicaciones en redes sociales.
Según la investigación, liderada por un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Medellín, entre febrero y marzo de 2024, esta persona habría inducido a varios niños y niñas a realizar un ‘reto’ en el que debían besarse en la boca por largo tiempo.
Los elementos de prueba dan cuenta de que en, por lo menos, cuatro ocasiones, estudiantes de colegios ubicados en el occidente de Medellín salieron de clase, cumplieron con la prueba y la grabaron en video con sus teléfonos celulares. Posteriormente, los registros habrían sido publicados por ‘El Wilpro’, sin autorización de varios afectados, cuyas edades oscilaban entre los 12 y 13 años.
Camacho Rodríguez fue capturado por la Policía Nacional en Acacías (Meta). La Fiscalía le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años, en la modalidad de inducción a prácticas sexuales. El cargo no fue aceptado.
Por disposición del juez de control de garantía, el procesado deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia. La decisión fue apelada por la Fiscalía y el representante del Ministerio Público.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
