Entre los procesados está el alcalde municipal y varios colaboradores de su administración; además de tres contratistas.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, puso en evidencia a funcionarios y particulares que se habrían concertado para direccionar varios contratos en Padilla (Cauca), que superarían en valor los 975 millones de pesos.
En ese sentido, fueron capturados y presentados ante un juez de control de garantías el alcalde Cristóbal Morales Mazo; la secretaria de Planeación municipal, Laura Villegas Rincón; la ingeniera de la Secretaría de Planeación, Kamaly Andrea Uribe Hurtado; y los contratistas Jaime Enrique Ruiz Quintero, Fernando Duque Rueda y Daniel Gustavo Lozano Valencia.
Estas personas fueron imputadas, de acuerdo con la posible participación y rol ilegal que ejercieron, por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.
Entre 2021 y 2022, la Alcaldía de la Padilla suscribió siete contratos para el suministro de material pétreo para el mejoramiento de vías rurales, instalación de tubería de alcantarillado, alquiler de maquinaria amarilla, adecuación de parques y plazoletas, y realizar proyectos sociales. Cada contrato osciló entre 19 millones y 106 millones de pesos.
Los elementos de prueba indican que los contratistas, al parecer, conocieron con anticipación las condiciones presupuestales y técnicas para acceder a los procesos contractuales. De esta manera, presentaban dos ofertas, una a nombre de empresas de su propiedad y otra a título de sociedades o compañías de papel que llevaban un propuesta más costosa.
Con esta maniobra, presuntamente, los aspirantes garantizaron que los funcionarios les asignaran los contratos, los cuales todavía se encuentran en ejecución.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LAGP/JARG/EAC/DECC/MRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
