Con la falsa promesa de un trabajo en zona rural, las víctimas fueron trasladas a un campo de entrenamiento del grupo armado ilegal y obligadas a realizar actividades delincuenciales.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Dumar Ariel Robayo Martín, alias Orejas, un presunto exintegrante de la extinta estructura criminal autodenominada ERPAC, que sería el responsable de reclutar a tres menores de edad en el oriente del país.
En los primeros meses de 2009, esta persona habría contactado a las víctimas de 14, 15 y 17 años, en el barrio La Reliquia, en Villavicencio (Meta). Al parecer, las convenció de salir de sus lugares de residencia y aceptar un supuesto trabajo en zona rural. Sin embargo, cuando los jóvenes llegaron al punto donde cumplirían las labores, en Mapiripán (Meta), fueron retenidos por hombres armados.
Durante varios días los adolescentes permanecieron en un campamento del ERPAC y fueron obligados ejercer actividades delictivas en la región, en medio de amenazas de muerte. Los elementos de prueba dan cuenta de que uno de ellos logró escapar, sus compañeros están reportados como desaparecidos.
Por su posible participación en el engaño a los jóvenes, posterior traslado y entrega a la organización criminal, la Fiscalía obtuvo orden de captura en contra de alias Orejas. Investigadores del CTI la hicieron efectiva en diligencia realizada en Villavicencio.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó al detenido los delitos de reclutamiento ilícito y concierto para delinquir agravado. Los cargos fueron aceptados.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LAGP/JARG/HATP/DECVDH/MRC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
