Los delitos investigados ocurrieron en noviembre de 2021 en un retén oficial instalado en una vía del corregimiento de San Pedro de Puerto Caicedo (Putumayo). Dos de los procesados permanecen vinculados a la institución policial.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco policías de tránsito, presuntamente responsables de retener a dos hombres a quienes habrían querido vincular con delitos de contrabando. Posteriormente, habrían exigido el pago de una millonaria suma de dinero para dejar en libertad a las dos personas.
Se trata de Luis Julián Sánchez Rodríguez, Wilson Yair Cortés Cartagena, Jhon Freddy Masmela Reyes, José Luis Gómez Paz y Yoiner Andrés Valenzuela Guilombo; quienes el 9 de noviembre de 2021 cumplían labores en un retén oficial instalado en el corregimiento de San Pedro de Puerto Caicedo (Putumayo).
En desarrollo de sus funciones, los uniformados detuvieron un vehículo de servicio público que cubría la ruta Bogotá – Valle del Guamuez (La Hormiga). Al interior del automotor encontrados varias pacas de cigarrillos, presuntamente de contrabando.
Tras identificar a los posibles dueños de la mercancía, los uniformados les pidieron documentos que acreditaran la legalidad de la mercancía transportada. Ante la negativa de los ciudadanos frente a tal requerimiento, los funcionarios les habrían exigido el pago de 30 millones de pesos, para no judicializarlos como presuntos responsables del delito de contrabando.
Según la investigación, las dos personas fueron llevadas a zona boscosa donde fueron retenidos por; al menos, por seis horas. Los policías, al parecer, les exigieron a los dos hombres el pago de 20 millones de pesos para recuperar su libertad.
Las víctimas se vieron obligadas a transferir cerca de 11 millones de pesos a los ahora procesados.
Uniformados del Gaula Militar y la Sijin de la Policía Nacional fueron los encargados de capturar a los procesados en los municipios de Garzón (Huila), Mocoa y Villagarzón (Putumayo) y Dagua y Palmira (Valle del Cauca).
La Fiscalía los imputó con el delito de secuestro extorsivo agravado y concusión. Los cargos no fueron aceptados. Por decisión de un juez con función de control de garantías, Masmela Reyes y Valenzuela Guilombo fueron enviados a centro carcelario. Gómez Paz y Cortés Cartagena deberán cumplir la medida de aseguramiento en sus lugares de domicilio; y Sánchez Rodríguez deberá afrontar el proceso en libertad.
Esta última determinación fue apelada por la Fiscalía.
La Fiscalía habla con resultados.
LMGM/MAGA/OJPG/DSP
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
