La Fiscalía General de la Nación judicializó a 13 presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Falsetes a quienes se les atribuyen actividades relacionadas con el tráfico local de estupefacientes en Cartagena (Bolívar).
Se trata de Laetitia Andrea Díaz Ramos, alias Lae; Wilfredo Rafael Yépez Castillo, alias El Flaco; Daniela Mena Cortes, Nataly Cortes Murillo, Eva María Montiel Valdez, Iván Andrés Medina Hernández, Leidys Yulieth Agamez Díaz, Ronaldo Jesús García Andrade, Anastacia López Romero, Mailer Alfonso Moreno Romero, Bladimir Salcedo Mercado, alias Blacho, Ingrid del Carmen Pérez Meza y María Ortega Blanquicet.
De acuerdo con la investigación, la organización acopiaba marihuana, cocaína y drogas sintéticas, entre otras sustancias ilegales en viviendas de los barrios El Pozón, San Nicolás y El Tamarindo donde además incurrían en el comercio de estas.
Para ejercer esa actividad delictiva, al parecer, la red criminal le pagaba al Clan del Golfo un porcentaje de los dineros producto del tráfico de estupefacientes, y de paso garantizaban libertad para incurrir en el ilícito.
Diez diligencias de registro y allanamientos adelantadas por la Policía Nacional en el sector de El Pozón posibilitaron la captura de los ahora procesados a quienes un fiscal de la Seccional Bolívar les imputó los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, cargos que ninguno aceptó.
Por disposición judicial Díaz Ramos, Yépez Castillo, Mena Cortes, Cortes Murillo, Montiel Valdez, Medina Hernández y Agamez Díaz cumplirán medidas de aseguramiento en centros carcelarios. Los demás lo harán en sus lugares de residencia.
MEVA/MAGA/AM/EGM/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
